Para la información de los interesados incluyo audio de la entrevista que le realizarán en Noti-UNo al Presidente de la UPR, Antonio García Padilla, sobre hallazgos preliminares de un informe de auditoría realizado por la Junta de Síndicos:
Intervención de Carmen Joven, entrevista con el Contralor de Puerto Rico y la discusión del informe de auditoría preliminar:
Respuesta del Presidente:
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Por Laura N. Pérez Sánchez (AP)
SAN JUAN — Por entender que amenaza la autonomía universitaria, cuatro organizaciones que agrupan a cerca de 7,000 trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobaron votos de huelga en contra de la política pública del gobierno de Luis Fortuño.
La Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend) —que agrupa 5,000 empleados— y otras tres organizaciones rechazaron hoy la Ley 7 de Emergencia Fiscal, que establece que los recaudos que se produzcan como producto de esa legislación no se calcularán para establecer el presupuesto de la UPR.
“Estamos defendiendo aquí la integridad de la Universidad de Puerto Rico y el valor que representa para el País. No vamos a permitir que ningún gobierno de turno venga a tomar la Universidad”, advirtió Wilberto Jiménez, presidente de la Heend.
“(El voto de huelga) lo vamos a ejercitar cuando entendamos que tengamos que ejercitarlo… La huelga para nosotros es un recurso más: podría ser el primer recurso, el recurso intermedio o podría ser el final”, agregó.
Además de la Heend, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Confederación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Conapu) y la Federación Laborista de Empleados del Recinto de Mayagüez de la UPR, también aprobaron votos de huelga.
Estas organizaciones pertenecen a la recién creada Coalición en Defensa de la Educación Pública Superior, que integra a otras nueve agrupaciones.
La Ley Universitaria de 1966 establece que el presupuesto de la UPR será el 9.6% del asignado al Fondo General, como una medida para preservar la autonomía universitaria y amparar a esa institución de los vaivenes políticos.
Fortuño ha asegurado que la Ley 7 no le aplica a la UPR.
Sin embargo, ese estatuto establece que “para asegurar el máximo impacto de estas medidas de ingresos y fiscalización (incluidas en la ley)… en la reducción del déficit estructural y situación del Fondo General, esta Ley excluye el producto de estas nuevas medidas de la aplicación de las fórmulas de asignación de fondos a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios”.
“De esta forma, se asegura que estos nuevos ingresos van dirigidos directamente a reducir el déficit estructural del gobierno central”, agrega el estatuto.
Según lo aprobado por la Cámara de Representantes, la UPR recibirá este año fiscal 2009-2010 un presupuesto funcional de $729,119,000 millones, $106 millones menos que el de 2008-2009. Esto no incluye las partidas para programas especiales.
“Aquí el dinero está y los fondos están, lo que no están son las prioridades adecuadas, que es la academia y los trabajadores que dan servicios a los estudiantes”, sostuvo, por su parte, Miguel Hernández, vicepresidente de la APPU.
Según Jiménez, aunque a la UPR no le aplican las medidas de austeridad establecidas en la Ley de Emergencia Fiscal, en la práctica “está adoptando como política pública estas disposiciones de medidas cautelares como propone la Ley 7”.
Destacó como ejemplo la congelación de los salarios de empleados docentes y no docentes para el año fiscal que recién comienza mediante una certificación de la Junta de Síndicos fechada el 29 de junio.
Jiménez recordó que la UPR ha sido el epicentro de las luchas sociales en Puerto Rico, por lo que advirtió al gobierno de Fortuño que inicie un diálogo con estas organizaciones.
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